El 15 de septiembre del 2021 fue publicada en el Diario Oficial la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior. Entre sus objetivos principales se encuentra la promoción de políticas integrales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, desde nuestros espacios universitarios.
Al establecer la ley 21.369 la exigencia que las instituciones de educación superior cuenten con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género construido con la participación de todos los estamentos existentes en su interior, nos brinda la oportunidad como comunidad de reflexionar, cuestionar y repensar las formas que tenemos de relacionarnos entre nosotras/os/es y, al mismo tiempo, diseñar la forma mediante la cual construiremos espacios libres de acoso sexual, violencia y/o discriminación de género en la Universidad de Magallanes. Por lo que la entrada en vigencia de esta ley viene a contribuir ante la necesidad de contar con ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en la comunidad de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual.
Si entendemos la política como la forma de resolver conflictos sociales mediante decisiones que afectan a todas las personas que forman parte de una comunidad, o, en términos más sencillos, como una toma de decisiones colectiva y vinculante, y al derecho como un conjunto de principios y normas que regulan la convivencia social, en el sentido de la buena convivencia, así como los conflictos jurídicos que se susciten cuando dejamos de cumplirlas. Cobra especial relevancia que para mantener la paz social sea importante que los principios y normas que regulan esta buena convivencia representen las reales necesidades de la comunidad que las adopta, que sus integrantes las conozcan, integren y se sientan representados/as/es en ellas, más allá del temor que les pueda provocar la sanción que se establezca ante su inobservancia, sino porque sus integrantes se reconocen y respetan entre sí, como seres diversos/as/es, resolviendo los conflictos de relevancia jurídica que se generen entre sus integrantes mediante acuerdos previos y colectivos que resguarden la dignidad de cada ser humano.
En atención a que las universidades son espacios complejos y jerárquicos porque coexisten multiplicidad de jerarquías y multiplicidad de relaciones, el hecho que da origen a una denuncia puede ocurrir entre una multiplicidad de actores en virtud de las jerarquías que se entrecruzan, es decir, entre los/las/les integrantes que conforman cada uno de los estamentos en la comunidad universitaria. Por ello es primordial la labor formativa de concientización y reflexión colectiva sobre la importancia, y oportunidad, que tenemos como comunidad de elaborar de manera participativa, una política integral que contenga una mirada integradora en las formas o modelos, que acordemos para construir espacios seguros, recogiendo las experiencias diversas, ya que no se vive de la misma manera el “estar” en los espacios universitarios según te posiciones como estudiante, académica/o o funcionario/a, por lo que surge la necesidad de escucharnos y tomar acuerdos colectivos y vinculantes que nos permitan erradicar cualquier tipo de conducta de acoso sexual, violencia de género y discriminación en la Universidad de Magallanes.