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Un importante hito alcanzó la Universidad de Magallanes (UMAG) con la creación de una Comisión Triestamental para la elaboración de Políticas de Género al interior de la casa de estudios superiores, la que constituyó, recientemente, bajo la coordinación de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía.

En la reunión, participaron integrantes de las asociaciones APROTEC (Asociación de Profesionales y Técnicos), AFUM (Asociación de Funcionarios), ARAUMAG (Asociación de Académicos), dos representantes estudiantiles, directivos de la DAE (Dirección de Asuntos Estudiantiles), Recursos Humanos y los vicerrectores académico, José Maripani y de Vinculación con el Medio, Humberto Oyarzo.

La académica Ximena Soto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la UMAG explicó a los asistentes que el alcance de la iniciativa radica en implementar políticas de género que se traduzcan en acciones como protocolos de acoso laboral, acoso sexual, de tratamiento a estudiantes transgénero o, algo tan cotidiano como los nombres para las ceremonias de egreso, “pues hoy entregamos títulos de ‘ingeniero’ o ‘trabajador social’ y no tienen género, entonces consideramos que son temas que una política adecuada podría resolver”, explicó.

El vicerrector académico, José Maripani, en tanto, valoró la instancia como un paso muy significativo para avanzar en la igualdad de género dentro del plantel,  reconociéndolo como un gran desafío. “¿Qué hacemos nosotros para tener las mismas posibilidades para desarrollarnos como personas dentro de nuestra institución? Allí, uno empieza a ver que hay que generar protocolos, que son muy importantes en los casos de acoso sexual y laboral. Yo creo que nuestra universidad ha sido pionera en muchas cosas, en temas como las becas para los pueblos originarios y a personas con capacidades diferentes, incluso cuando no había leyes sobre eso. Claramente, estos son temas en los que tenemos que ir de acuerdo a los tiempos, siempre pensando en cómo hacer que ésta, sea una universidad más equitativa y más justa”, recalcó.

Origen de la iniciativa

La Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía se instaló en abril de 2016 con la finalidad de educar a la comunidad universitaria y regional sobre el tema, momento desde el cual, comenzaron a identificar y levantar las necesidades que surgían en la propia institución.

Al respecto, Soto contó que la primera anécdota fue encontrarse con alumnas, funcionarias y académicas ávidas de información y orientación sobre la materia. “A pocos días de conformarnos, junto a la académica Claudia Eterovic, pusimos en la puerta de la oficina un letrero que decía ‘Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía y, al día siguiente, empezaron a golpear mujeres para decirnos que tenían un problema y que querían contarlo porque sus derechos humanos habían sido vulnerados. No era para lo que estaba creada la unidad, pero obviamente había que hacerse cargo de eso”, comentó.

A partir de aquello, el primer paso fue establecer vínculos con la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile, entidades que ya tienen políticas de género y que han hecho investigaciones para detectar las brechas en esta materia. Fue en ese contexto que ambos planteles compartieron el instrumento de medición que utilizaron y la información de las variables del proceso de investigación. “Nosotros adaptamos ese formato con el apoyo de dos colegas de la carrera de Psicología, Sergio Saldivia y Germán Elgueta. De esta forma, durante 2016 nos informamos sobre qué estaba ocurriendo en las universidades chilenas y en 2017 revisamos el instrumento para, finalmente, en diciembre pasado, presentar un plan de acción dónde detallamos los pasos a seguir”, expuso la docente.

Cuatro momentos para una política de género en la UMAG

La etapa inicial abarca desde diciembre de 2017 hasta mayo próximo y pone a disposición un cuestionario online para todas las personas vinculadas a la Universidad de Magallanes que se divide en tres instrumentos: uno para estudiantes, otro para los funcionarios y otro para los académicos, “porque sus situaciones son distintas”, aclaró Soto, agregando que “nosotros garantizamos el anonimato para quienes contesten ese formulario y de aquí al 4 de mayo la idea es tener resultados cuantitativos”.

El segundo momento es la conformación de esta Comisión Triestamental de Políticas de Género, iniciativa que pone a tono a la UMAG con el Consejo de Rectores (CRUCH) que acaba de presentar, hace un mes, la Comisión de Políticas de Género del organismo, instancia en la cual participa Ximena Soto como representante de la Universidad de Magallanes.

A su juicio, “la triestamentalidad es un elemento esencial para esta iniciativa ya que nos parece que una política de género tiene que involucrar a los tres mundos que dan forma a nuestra universidad”. En ese sentido, informó que uno de los acuerdos más importantes será formalizar la instancia mediante resolución oficial con una asignación de una cantidad de horas a la semana. Además, la comisión estará conformada por 15 personas con representantes de todas las facultades que tendrán por misión implementar acciones dentro de su propia unidad.

El tercer momento proyectado es la realización de una investigación cualitativa en base a los datos cuantitativos obtenidos con el cuestionario online que permita profundizar en la situación actual, para así poder pasar al cuarto y último momento (octubre 2018) que consiste en la entrega de resultados y propuestas de acciones –como los protocolos- en torno al tema de género en la UMAG.

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Pasadas las 13:00 horas de hoy, las mesas de negociación de la Universidad de Magallanes que llevaban adelante el diálogo para resolver el conflicto con el movimiento feminista y con la carrera de Derecho, firmaron los protocolos de acuerdos, lo cual dará inicio a una nueva etapa de cumplimiento de compromisos institucionales, y permitirá volver a la normalidad de las actividades universitarias a partir de este lunes 13 de agosto.

Según informó la secretaría de la Universidad, los estudiantes entregarán las dependencias mañana domingo 12 al mediodía, “y el mismo lunes 13 se recalendarizarán las actividades académicas, y se realizará un Consejo Académico para sancionar el nuevo calendario,  de forma de  retomar  las clases a partir del día martes 14 de agosto”.

A la salida del edificio de 21 de mayo con calle Bellavista, el rector Juan Oyarzo informó que firmaron “un acuerdo que yo creo que era necesario; en las universidades del CRUCH (Consejo de Rectores), en general, están de acuerdo con este movimiento. Quizás fue un poco prolongado, (…) pero yo creo que fue una cuestión bien consensuada”. En cuanto al calendario académico, fue optimista al comentar “a ver si terminamos antes de marzo del próximo año – yo creo que vamos a terminar – pero la idea es que ya hemos concluido este prolongado movimiento estudiantil”, concluyó.

Reacciones integrantes mesas de negociación

El primer acuerdo se firmó con el movimiento autodenominado “La Jauría Feminista”. Stephanía Garrido, estudiante de Trabajo Social que fue parte de esta mesa, destacó ante los medios la aprobación del “reglamento MAPAU, de padres, madres y estudiantes; también, la implementación de un código de ética; la validación del nombre social dentro del estamento estudiantil y funcionarios; (…) la implementación de la Unidad de Apoyo que va a recepcionar las denuncias de acoso, abuso de poder, discriminación, y la pronta implementación de la Unidad de Género”. La representante estudiantil agregó que, “si bien están los acuerdos firmados y todos los puntos tienen resolución, nosotros vamos a funcionar como agentes fiscalizadores (…) para ver de que esto se implemente de la mejor manera”.

Un par de horas después salieron de reunión los estudiantes de Derecho. En su representación, Mjlena Busolic leyó un comunicado donde afirman que firmaron la propuesta “aun cuando no satisface nuestras peticiones, por lo que no podemos alegrarnos de este acuerdo. (…) Quisimos conseguir más, pero nuestras autoridades no le dieron a nuestras problemáticas el mismo nivel de importancia que nosotros”. Hacia el final, aclaran que aceptaron por responsabilidad, porque “no queremos seguir perjudicando a nuestros compañeros de otras carreras”, y llamaron a sus pares a acompañar “el proceso que continúa, ahora en adelante, de Derecho Renace”.

Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios y representante de dicho estamento en la Comisión para la Elaboración de Políticas de Género y en la mesa feminista, comentó que fueron “semanas desgastantes, mañana y tarde en este proceso de negociación, pero la verdad es que estamos gratamente felices, reconfortadas (…) éste no fue un tiempo perdido; fue un tiempo valioso, ganado”. Uno de los aspectos que más la enorgullece es el hecho de que “aquí no quedaron compromisos pendientes. Todo quedó oficializado como corresponde; quedaron las resoluciones tramitadas, firmadas, documentos que efectivamente nos van a ayudar (…) en la medida de que cada integrante de la comunidad universitaria entienda, sienta que aquí tiene que haber una nueva universidad, libre de violencia de género”.

 

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“¿Qué aprendizajes nos deja el mayo feminista?, casos de lecciones no aprendidas” se llamó la charla que dio la Abogada, Doctora en Derecho Civil, ex Ministra del Servicio Nacional de la Mujer y académica de la Universidad de Chile, Laura Albornoz Pollmann. La organización estuvo a cargo del movimiento Derecho Renace de la Universidad de Magallanes, con el apoyo de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía.

Durante poco más de una hora, la militante demócrata cristiana definió la violencia de género como un problema estructural, vertical y transversal, y al acoso sexual como “la repetición de esa violencia estructural contra la mujer”. También expresó lo complejo de instalar este tema en la academia, debido a una cultura que funciona “como una mochila cargada de prejuicios, discriminaciones, ignorancia, falta de estudio y de preparación en un espacio que se supone culto”. A juicio de la Abogada, la academia ha permanecido pasiva frente a un tema que es urgente, mencionando como ejemplo la existencia de una sola rectora en las 18 universidades estatales, y recalcando que el acoso sexual produce efectos a veces irreparables en las víctimas, por lo cual, especialmente estas instituciones, deben contemplar sanciones a la altura.

En conversación con UMAG TV tras su charla, Albornoz subrayó que “estamos en un espacio intelectual, de creación de intelecto, formación de conocimiento, de profesionales. Le exigimos a nuestros estudiantes que aprendan, que conozcan, que investiguen. Bueno, autoimpongámonos la misma obligación los académicos”, dijo, porque “la equidad de género no es un tema que uno estudia mientras está esperando su turno en una fila (…) no se aprende por osmosis”, advirtió.

Consultada por la relación entre profesiones y discriminación de género, la ex Ministra respondió que “el acoso sexual es un fenómeno que afecta mayoritariamente a las mujeres, ya sea que éstas estudien ingeniería o matemática”, por tanto, el problema debiera ser “una preocupación institucional más que una salvaguarda personal”. A su juicio, “la máxima obligación de un académico y de una autoridad es aprender sobre sus obligaciones, y su obligación es tratar de hacer que esta universidad, que es una universidad pública, funcione con los estándares que el Estado chileno ha prometido defender, cuando ha suscrito tratados internacionales”, concluyó.

 

 

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